Reposición de bienes
públicos, rotos por privados
Seguramente
este comentario resultará antipático para algunos y, tal vez, justo para
muchos. Otros dirán que es “políticamente incorrecto”, como se dice ahora,
porque en algún momento desempeñé responsabilidades públicas. Pero como en
tantas otras cosas que imaginé en esos tiempos, y que no se pudieron hacen por
resistencias del sistema, lo digo con libertad de conciencia y sujeto a que el
lector comparta o disienta.
Y
para muestra nomás, recordemos el proyecto de colocar barandas en algunas
esquinas (no sólo en una) del centro de la ciudad, desplazando las sendas
peatonales para proteger a los que circulan de a pie. Fui blanco de bromas,
críticas e insultos diversos, cuando la Argentina y el mundo está lleno de
centenares de ejemplos. Y, a la postre, la “prueba piloto” de Belgrano y San
Martín no sólo no se continuó con el resto de las esquinas programadas, sino
que simplemente se levantó.
Bueno,
vayamos al tema propuesto. En estos días se ha visto, con inusual frecuencia,
diversos choques en distintos puntos de la ciudad, algunos de los cuales
protagonizados por conductores alcoholizados. Por supuesto que la primera
cuestión que importa es si se han producido lesiones a las personas, ya sea al
infractor o a sus eventuales acompañantes o a otros involuntariamente
involucrados.
Salvado
este aspecto principal, quedan los posibles daños a las cosas, sean de
propiedad privada o pública. Los asuntos entre privados quedan reservados a
estos y la discusión, sea civil o penal, se dará entre responsables y
damnificados, abogados y compañías de seguros.
Pero,
cuando los bienes dañados son públicos,
es decir, que son propiedad de todos los habitantes porque han sido costeados
con recursos públicos, quién se hace
cargo?
Y
esto viene a cuento de los clásicos choques contra semáforos. Las noticias
reportan, por ejemplo, “un automovilista chocó contra un semáforo” y la foto
muestra los daños en el vehículo y el semáforo caído o inclinado por el impacto,
pero rara vez nos enteramos cómo se repone lo que se ha roto y, sobre todo,
quién lo paga.
Según
he revisado en algunos portales, el costo de un semáforo ronda entre los 7.000
y los 30.000 pesos, según sea completo, el cabezal, las luces led, sus
controladores, la columna, etc.
En
los tiempos en que me tocó desempeñarme en la Dirección de Tránsito y
Transporte municipal, que contenía a todas las áreas que hoy han sido
divididas, la cuestión de los semáforos dependía del departamento de
Electricidad y Mecánica de la Secretaría de Obras Públicas, o sea, de otro
sector. No sé si hoy esto continúa así, pero supongo que sí.
Pues
bien, cuando en aquellos tiempos (porque este tipo de daños han ocurrido
siempre) les planteaba esto de quién se haría responsable del costo de la
reposición, se me contestaba que era una situación complicada este tipo de
reclamos, que era un riesgo que se asumía como público y, en definitiva, el
municipio se hacía cargo. Nunca estuve de acuerdo.
Hoy,
y en este comentario, planteo lo mismo. Hay una vieja frase en la jerga de los
seguros que dice “quien pega…paga”,
salvo algunas excepciones que los aseguradores y las pólizas se encargan de aclarar muy bien.
Sería
bueno, entonces, que una vez que se ha salvado la cuestión de ocuparse de las
posibles consecuencias o daños sobre las personas en este tipo de siniestros,
sepamos con claridad quién termina haciéndose cargo de reponer los bienes
dañados, porque no es gratis mandarse una “macana” para que la paguemos entre
todos.
Cuando
éramos chicos decíamos al usar las cosas de otros, y esta máxima no ha cambiado
para nada con los años, “el que rompe… paga”.
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