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viernes, 5 de agosto de 2016

Las frases destacadas de la semana en el Blog

Conceptos que estimo relevantes en los diferentes contenidos.

Como lector, pero sobre todo como bahiense y argentino, podés compartir, disentir, criticar y aportar en los temas que te interesan. Haceme llegar tus comentarios y te invito a suscribirte para recibir las novedades por mail.


La Zona Franca Bahía Blanca–Coronel Rosales, y su concesionario Zona Franca Buenos Aires Sur S.A., ha evaluado específicamente las posibilidades y los elementos de atracción para promover emprendimientos.
Lo que se nos proponemos en esta columna es mostrar las ventajas de realizar este tipo de iniciativas relacionadas con la producción de energías alternativas, en un ámbito de zona franca.

La promoción debería ser para que los productores de esa región obtengan un mayor precio por sus esfuerzos (que bastante castigados están) y no para que se lo quede quien intermedia con esa producción.

En “nuestros pagos” se nota una preocupante tranquilidad y un notorio silencio.

El nuevo desafío es integrar la función logística de los puertos. Ya no basta con tener infraestructura, profundidad y sentarse a esperar que venga la carga.

Continúa la movilización en la Patagonia, y los medios acompañan de manera masiva.

Necesitamos ver que alguien analiza si es posible trocar los estímulos para que lleguen a los productores o pymes industriales, aunque el impacto presupuestario para el Estado sea neutro.

Se vive hablando de cuidar las economías regionales, pero los que producen son los “esclavos” del sistema mientras la “parte del león” se va para otro lado.

Nos oponemos a los reembolsos en los puertos porque el beneficio va a parar a otros bolsillos.

La propuesta que formula el actual interventor apunta a un manejo unipersonal y concentrado de un puerto. Sería un enorme retroceso para un formato de gestión que ha demostrado equilibrio en las decisiones y resultados exitosos.

En nuestro país, el puerto de Bahía Blanca es uno de los pocos, si no el único, que tiene la capacidad presupuestaria para pagarse sus propios dragados.

El reclamo de los pescadores artesanales es justo y es de esperar que, en otros puertos argentinos, se pongan en marcha programas de reconversión adecuados a la realidad de cada lugar, para respetarles una actividad que da de comer a mucha gente.

Pobre de aquel que, por necesidad o por no haber podido controlar racionalmente sus compras y consumos, haya tenido que caer en la financiación estructural de sus saldos con la tarjeta de crédito que usa.

Uno de los desafíos más importantes de las nuevas gestiones es bajar los costos portuarios del país, un elemento esencial de la competitividad de nuestro comercio exterior.

La inflación es la hija descarriada del déficit fiscal. Y las tasas de interés son las hijas obedientes de la inflación.

La historia no comienza con nosotros y, por supuesto, mucho menos termina con nosotros. El Puerto de Bahía Blanca tuvo, durante sus primeros 22 años, un notable y exitoso crecimiento, tiene un presente magnífico y un porvenir promisorio de grandeza.

Cuando se lucha por algo que se cree justo, con todo respeto, se habla con “Dios y María Santísima”. No se espera pasivamente a ver qué deciden los otros.







sábado, 30 de julio de 2016

Chau fruta…

Se mantendrán los reembolsos. Me queda el “sincericidio”.

Ahora está de moda la palabra “sincericidio”. La verdad es que no tengo ninguna gana de rendirme, pero debo confesar, con toda sinceridad, que no he logrado sensibilizar o reaccionar a nadie. No he podido provocar una reacción activa y manifiestamente pública de las autoridades y organizaciones comprometidas con el tema.

Cuando se lucha por algo que se cree justo, con todo respeto, se habla con “Dios y María Santísima”. No se espera pasivamente a ver qué deciden los otros.

Claro que, quién soy yo para obligar a nadie. Sólo tengo la legitimidad de un ciudadano comprometido con los intereses de nuestro puerto y que ha sido protagonista de las primeras reacciones que condujeron a convocar la reunión en la que se suscribió la Declaración de Bahía Blanca, en noviembre de 2015, y la presentación judicial, por inconstitucionalidad de los reembolsos, que derivó de ella. Sólo eso y todo eso.

No estoy viendo una acción enérgica de todas las entidades, tanto oficiales como empresarias y sindicales, que firmaron esa Declaración, con convicción y seguros de que es una cuestión por la que vale la pena actuar.

Dice hoy con acierto Adrián Luciani en La Nueva, uno de los pocos que se ocupa de seguir el tema, que el Consorcio de Gestión del Puerto espera novedades en el plano judicial”. “En la estación marítima local el objetivo apuntado consiste en agotar todas las instancias procesales pertinentes para obtener una sentencia del más alto tribunal de la Nación que defina con absoluta certeza la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por el kirchnerismo poco antes de dejar la Casa Rodada, mediante un decreto de necesidad y urgencia”. Y resume la magnífica presentación realizada por los abogados del Consorcio Víctor Colace y Mónica Blanco.

Mientras tanto en el sur, se movilizan todos los gobernadores, los legisladores, los ministros y, masivamente, todos los medios de comunicación de las provincias sureñas.

Cómo esforzarse por bajar los costos portuarios si, haciendo el más eficiente de los esfuerzos, nunca se podrán poner a la par de un reembolso artificial. No alcanza plantearse como desafío la disminución de los costos portuarios y dejar pasar cosas como ésta.

Por qué no dar un estímulo fiscal, o de otro tipo, a los chacareros, a los productores de la fruta, a las industrias pymes que agregan valor a estas producciones, y después ellos, con un mejor “precio” para su producción, pueda  elegir el puerto más eficaz en costo, rapidez y servicio.

Ya me he manifestado largamente, y hasta me he puesto cansador, sobre la cuestión. Pero lo hago porque me importa y trato de hacer lo que pueda, desde mi lugar.


Por supuesto, con respecto al resultado de esta polémica y por el bien del Puerto de Bahía Blanca, ojalá me equivoque.











Nota en Diario La Palabra  - Viedma  - Gestiones de Pichetto para reembolsos por Puertos Patagónicos






miércoles, 27 de julio de 2016

Puede ser que se le ponga el cascabel al gato

Costos Portuarios: los “desregulados” servicios de remolque-maniobra y practicaje.

En los últimos tiempos hemos oído de parte de las más altas autoridades nacionales, como también de las provinciales y locales, que uno de los desafíos más importantes de las nuevas gestiones es bajar los costos portuarios del país, un elemento esencial de la competitividad de nuestro comercio exterior.

Enhorabuena! Una postura loable que acompañamos con enorme entusiasmo. Y está muy bien que se haya percibido que, en este tema, gran parte del problema no está en las tarifas que los puertos les cobran a sus usuarios sino en el precio de algunos de los servicios que prestan los privados dentro de ellos.

En los últimos años hemos bregado ante las anteriores autoridades, en mi caso desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, para reglamentar los llamados “servicios esenciales” que deben prestarse a los buques y a las cargas, y lograr que se subordinen a la autoridad portuaria en cada caso de modo que los prestadores estén registrados, cumplan con los requisitos exigidos a todo contratista o empresa que opera dentro del puerto, y transparenten a los ojos de dicha autoridad los precios que cobran por sus servicios.

Esto es porque, caso contrario, hay un componente muy importante del costo portuario que queda fuera del control de la autoridad portuaria, en nuestro caso el Consorcio.

Y esto tiene su historia.

Antecedentes

Como todos sabemos, la historia cambió para los puertos cuando se dictó, en junio de 1992, la Ley Nacional de Puertos N° 24.093 que provincializó los puertos y dio origen luego, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a los Consorcios de Gestión. También sabemos que este cambio provocó un gran salto a favor de las inversiones por lo que los puertos no pararon de crecer en los más de veinte años que tiene este formato.

Ahora veamos qué tiene que ver esto con los costos portuarios y los servicios esenciales.

La ley, en su artículo 19, dice: “La reglamentación establecerá los servicios mínimos y esenciales que deberán prestarse a los buques y a las cargas en los puertos de uso público comerciales, y las instalaciones que deberán facilitarse a las autoridades policiales y de control, tanto en los puertos de uso público como de uso privado y cualquiera sea su destino”.

Y el Decreto Reglamentario de la Ley N° 769/93, para este articulo 19, dice: En los puertos de uso público comerciales, sus titulares deberán disponer lo necesario para que, en forma directa o por intermedio de terceros contratados a tal fin, conforme a normas legales vigentes, se provea dentro del ámbito: 
b) Los servicios de remolque-maniobra, amarre y practicaje, en caso que este servicio sea necesario por las características del puerto”.

Hasta acá todo bien. Pero hubo un problema. Dentro de la ola privatizadora de aquellos años, con resultados diversos, que generó hasta hoy complicaciones de fondo cuando se trató de servicios públicos, por falta de control o de actuación de los organismos reguladores, también cayeron en el esquema los servicios portuarios. Y los puertos son un servicio público.

Un mes antes, en mayo de 1992, se sancionó el Decreto N° 817/92 de Actividades Portuarias, llamado de “Reorganización Administrativa y Privatización, Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre, Practicaje, Pilotaje, Baquía y Remolque”. Y en su Capítulo 3, titulado “Practicaje, pilotaje, baquía y remolque” dice: 
“24. El servicio de remolque queda sujeto a los principios de libre competencia, libertad de acceso y libre entendimiento de las partes, con las limitaciones establecidas por el presente decreto.
25. La autoridad de aplicación del presente fijará las tarifas máximas de los servicios involucrados en este capítulo, hasta tanto se den las condiciones de oferta que permitan su liberación”.

Consecuencias

Como consecuencia de que hoy todavía está vigente (salvo pequeñas modificaciones tímidas o cosméticas) este “bendito” decreto, es que los que ofrecen los servicios de remolque-maniobra y de practicaje cobran lo que quieren a los usuarios sin rendir cuentas a la autoridad portuaria y sin que la misma tenga derecho a preguntar ni “patalear”( libre competencia, libertad de acceso y libre entendimiento de las partes). La autoridad del puerto ni siquiera puede controlar la potencia real de algunos remolcadores que, por antiguos, ya no cuentan con la original.

Hay buques que tienen que pagar más de U$S 50.000 por los servicios de remolque, o de 4 a 7.000 dólares por un servicio de practicaje, cuando estos números no se compadecen con la suma de las tarifas que el puerto les cobra por uso de la vía navegable, el uso de puerto y de servicio a las cargas.

Conclusión

Por eso que la noticia que se ve más abajo genera buena expectativa. No habría manera de atacar los costos portuarios para impulsarlos a la baja si no se corrigen estas inequidades y abusos.

Pero que no se cante victoria muy rápido. Los intereses creados son muy fuertes y la tarea no es nada sencilla. Doy fe.




Nota en el Cronista por Agustín Barletti

martes, 26 de julio de 2016

Cuando el dragado no depende de uno… la cosa se complica

Poder pagar sus propios dragados es un privilegio que tienen muy pocos.

Como todo aquel que conozca algo de la realidad de los puertos y sus costos, se sabe que el dragado, cuando lo necesita inevitablemente porque el puerto no goza de profundidad natural, es el costo de inversión anual en infraestructura más grande de todos los que se incluyen en sus presupuestos. Y es el más grande, por lejos.

De modo que la mayor parte de los puertos del mundo, incluyendo la Argentina, que necesitan dragarse tienen que recurrir al auxilio de fondos públicos de los estados nacionales o provinciales.

En nuestro país, el puerto de Bahía Blanca es uno de los pocos, si no el único, que tiene la capacidad presupuestaria para pagarse sus propios dragados. Y no es poco, porque con sus casi 50 pies de calado, es el puerto más profundo de la Argentina de los que dependen de este tipo de obras sin solución de continuidad.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, uno de los cinco que tiene la provincia de Buenos Aires (no cuento el de Olivos porque es un puerto deportivo y no industrial-comercial), es lo contrario. Depende imperiosamente de la colaboración de la provincia para dragar su acceso ( a lo sumo a 31 pies) para poder operar con la salida de embarques que llegan a su puerto por tierra o bajan por el Paraná, para salir luego por el Río de la Plata.

El monto hoy necesario (unos 9 millones de pesos) no parece muy importante si se lo mira con la óptica de los grandes puertos, pero es enorme para que San Pedro pueda pagarlo con sus propios recursos. Y este Consorcio, como el de La Plata y de Mar del Plata, y a diferencia de Bahía Blanca y Quequén, tienen que tramitar sus compras e inversiones ante la provincia y los expedientes tienen que recorrer los llamados “organismos de la Constitución” para su aprobación y desembolso.

Esta es la necesidad de San Pedro y por eso se queja por la demora.






Notas Relacionadas:


jueves, 21 de julio de 2016

Los puertos deben ser agentes de negocios

La lucha por la baja en los costos portuarios es un desafío logístico.

Hace tiempo que planteábamos que el nuevo desafío es integrar la función logística de los puertos. Ya no basta con tener infraestructura, profundidad y sentarse a esperar que venga la carga.

Emiliano Galli, del suplemento de Comercio Exterior del diario La Nación, plantea con claridad, y en apretada síntesis, que los puertos deben “salir a venderse” y que ya no son sólo puertos sino un sistema de logística del comercio internacional.


No obstante, en mi opinión, no se trata de plantear una “salvaje” competencia disputándose las cargas, sino que debe existir un Estado inteligente para plantear la gestión, desde lo estratégico, planeando con criterio regional y orientando a puertos cercanos con un criterio de complementación o coopetencia que aproveche mejor las fortalezas de cada uno.