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domingo, 18 de septiembre de 2016

Tienen razón, pero marchen presos

Evidentemente, el lobby sirve para algo

La expresión del título alude a la “aplicación de las disposiciones legales contra toda razón” y, en general, significa “condenado de antemano”. Nunca mejor aplicada para el tema que nos ocupa.

Pues bien, parece que en eso estamos con relación a los reembolsos en los puertos patagónicos. Y no me digan que no me referí  a esto hasta el cansancio. En diversas notas como “Anticuerpos en marcha”, “En el Sur se unen…¿y nosotros?”, “Un silencio que asusta”, “Chau fruta…”, y otras.


En reciente edición de La Nueva, el periodista Adrián Luciani, que viene siguiendo el asunto desde el principio, nos daba la noticia. La noticia es que “por ahora, no habrá buenas noticias”.


Recordemos que la posición que he defendido desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y, después, desde estas líneas, es que nos oponemos a los reembolsos en los puertos patagónicos, por anticonstitucionales y porque (y es lo que prohíbe la Constitución) son una ventaja entre puertos argentinos que genera total inequidad. No es lo mismo que, si se quiere favorecer a las economías regionales, se planteara un sistema de reembolsos o estímulos dirigidos directamente a los productores que, siendo el más sacrificado y débil eslabón de la cadena, es el que más lo necesita.

Y esto fue refrendado por una treintena de organizaciones y referentes, en la Declaración de Bahía Blanca, firmada y dada a conocer en noviembre de 2015.



Por favor, si les interesa, lean esto porque me exime de mayores comentarios:


“La listita de las compras de “Doña María” dice que paga el precio de 1 kg de durazno en góndola $ 30, pero al productor le pagan $ 2,70; 1 Kg de Pera pasa por línea de caja a $ 15, y le dan al productor $ 1,70; 1 Kg de Naranja $ 8 en góndola y $ 0,30 recibe el productor; la manzana las coloca en su bolsa de compra por $ 25 el kg y al productor le dan $ 1,30.

En estos últimos 13  años no se pudo resolver la concentración económica y estructura de poder de dominio en la cadena de distribución de oligopolios conformados en la oferta mayorista y minorista en el territorio nacional.  Las economías regionales se encuentran estranguladas por condiciones de negociación leoninas que impiden que el sector encuentre resquicios para agregar valor a sus productos y fortalecer su músculo empresario a los efectos de responder a los cambios climáticos, estacionales y cíclicos de la economía mundial  con mayor margen de maniobra.

En el Alto Valle (Río Negro y Neuquén) se producen 1,6 millones de toneladas de manzanas y peras, y se distribuyen así:

800.000 Exportación
350.000 Mercado Interno
450.000 Industria

Argentina llegó a exportar a 60 países del mundo. Los principales mercados actuales son Brasil, Rusia, Paraguay, Bolivia y Colombia. Disminuyó la exportación a países de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos.

La actividad genera unos U$S 1.000 millones de divisas para Argentina. El Gobierno nacional recauda, a lo largo de toda su cadena de valor, unos U$S 420 millones que surgen del 5 % de retención de IVA, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, combustible, entre otros.

Hoy (2015) el productor está recibiendo entre $ 1,10 y $ 1,30 por su fruta de buena calidad. La industria está pagando $ 0,10 por kilogramo para la pera y de $ 0,25 a $ 0,35 por kilogramo para la manzana.

La recolección de fruta del Alto Valle es una tarea artesanal. No hay máquinas sino mano de obra intensiva. Cada 5 hectáreas un trabajador tiene un costo del 60% al 65 % de la producción. Un trabajador rural con antigüedad tiene un costo equivalente a 4,5 hectáreas. Por esto el 50 % de la fruta que cae al suelo no se recoge. Dejamos en el suelo unas 400 mil toneladas. Es decir, lo que consumimos los argentinos en el término del año”.

También El Cronista publicó el 10 de setiembre de 2013:

“Otra buena noticia de este año es el alto valor promedio conseguido por las dos frutas en el exterior, que marcan un récord a nivel histórico. En el caso de las manzanas, lograron un precio FOB de U$S 925 por tonelada exportada. La cifra representa un 6% mayor a 2012, pero el doble que en 2005, cuando cotizaba a U$S 464.

En tanto, en el caso de las peras alcanzaron un promedio de U$S 916 por tonelada, lo cual marca un 3,5% de suba frente al año pasado. Además, es un 86% más alto al logrado en 2005, según datos del SENASA”.

Hoy, el precio obtenido por los productores ronda los $ 2,50 por Kg.  Este es el precio que dieron cuando se manifestaron regalando peras y manzanas en la Plaza de Mayo. 

Y así lo publicó Infobae el 22 de agosto de 2016:




Reembolso a los productores

El precio de exportación, desde 2005 (U$S 464/Tn), no ha parado de crecer y se han obtenido precios superiores a los U$S 1.000/Tn, y hasta U$S 1.200/Tn.

Supongamos que el precio FOB de exportación es U$S 900 la tonelada. Si el reembolso fuera del 10% y se lo dieran al productor que acredita la entrega del producto con destino exportación, agregaría a su rinde U$S 90 por tonelada, es decir, 9 centavos de dólar por kilo, es decir, alrededor de $ 1,40 por kilo que, sumados a los 2,50 recibidos iniciales, significarían una mejora del 56% para los productores. Estarían cerca de los $ 4/kg, que es el costo de producción actual que denuncian.

Si los U$S 90 van a los exportadores en los puertos, los productores no reciben nada.

Y esta realidad no ha cambiado para nada  hasta la actualidad.


Por eso, la capacidad de lobby es fundamental. Hay intereses encontrados y cada cual defiende los suyos. Pero todo depende de la energía que se ponga en esa defensa.

Los patagónicos se pusieron de inmediato “en pie de guerra” y movieron todas las influencias que tenían a su alcance. Gobernadores, ministros, legisladores y medios de comunicación hicieron causa común y se desplegaron rápidamente llegando, inclusive, a la presidencia de la Nación.

No alcanza con charlas o reuniones individuales con algún ministro, ni siquiera en un “mano a mano” con la Gobernadora de la provincia. Debe ser una acción masiva y conjunta de todos los legisladores provinciales, en especial, de los distritos con puertos; de los intendentes; de los ministros de las áreas de incumbencia; de las organizaciones empresarias y del trabajo; de las autoridades portuarias de los puertos provinciales afectados; y, por supuesto, de todos los medios de comunicación que adhieran a la causa.

Mal de muchos, consuelo de tontos

En otros países pasa lo mismo. Veamos México:



Conclusiones

Está claro que no basta con esperar una decisión judicial. Recordemos que la justicia rechazó la medida cautelar solicitada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, para frenar la aplicación de los reembolsos, sentenciando que deberá esperarse la decisión sobre la cuestión de fondo, cual es la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado (“entre gallos y medianoche”) por la ex presidente minutos antes de dejar su gobierno.

No basta con expresiones solidarias ni que agraden a los oídos de los que las escuchan. Si no se actúa con el más fuerte poder de lobby del que se disponga, todos juntos representando los intereses de la provincia de Buenos Aires, la inequidad no se corregirá.



Y lo que es peor, los productores seguirán deambulando por soluciones a sus economías quebradas y regalando frutas en las plazas o tirándola en las acequias.

Estoy convencido que tenemos razón, pero de esta manera, marchamos presos.








sábado, 30 de julio de 2016

Chau fruta…

Se mantendrán los reembolsos. Me queda el “sincericidio”.

Ahora está de moda la palabra “sincericidio”. La verdad es que no tengo ninguna gana de rendirme, pero debo confesar, con toda sinceridad, que no he logrado sensibilizar o reaccionar a nadie. No he podido provocar una reacción activa y manifiestamente pública de las autoridades y organizaciones comprometidas con el tema.

Cuando se lucha por algo que se cree justo, con todo respeto, se habla con “Dios y María Santísima”. No se espera pasivamente a ver qué deciden los otros.

Claro que, quién soy yo para obligar a nadie. Sólo tengo la legitimidad de un ciudadano comprometido con los intereses de nuestro puerto y que ha sido protagonista de las primeras reacciones que condujeron a convocar la reunión en la que se suscribió la Declaración de Bahía Blanca, en noviembre de 2015, y la presentación judicial, por inconstitucionalidad de los reembolsos, que derivó de ella. Sólo eso y todo eso.

No estoy viendo una acción enérgica de todas las entidades, tanto oficiales como empresarias y sindicales, que firmaron esa Declaración, con convicción y seguros de que es una cuestión por la que vale la pena actuar.

Dice hoy con acierto Adrián Luciani en La Nueva, uno de los pocos que se ocupa de seguir el tema, que el Consorcio de Gestión del Puerto espera novedades en el plano judicial”. “En la estación marítima local el objetivo apuntado consiste en agotar todas las instancias procesales pertinentes para obtener una sentencia del más alto tribunal de la Nación que defina con absoluta certeza la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por el kirchnerismo poco antes de dejar la Casa Rodada, mediante un decreto de necesidad y urgencia”. Y resume la magnífica presentación realizada por los abogados del Consorcio Víctor Colace y Mónica Blanco.

Mientras tanto en el sur, se movilizan todos los gobernadores, los legisladores, los ministros y, masivamente, todos los medios de comunicación de las provincias sureñas.

Cómo esforzarse por bajar los costos portuarios si, haciendo el más eficiente de los esfuerzos, nunca se podrán poner a la par de un reembolso artificial. No alcanza plantearse como desafío la disminución de los costos portuarios y dejar pasar cosas como ésta.

Por qué no dar un estímulo fiscal, o de otro tipo, a los chacareros, a los productores de la fruta, a las industrias pymes que agregan valor a estas producciones, y después ellos, con un mejor “precio” para su producción, pueda  elegir el puerto más eficaz en costo, rapidez y servicio.

Ya me he manifestado largamente, y hasta me he puesto cansador, sobre la cuestión. Pero lo hago porque me importa y trato de hacer lo que pueda, desde mi lugar.


Por supuesto, con respecto al resultado de esta polémica y por el bien del Puerto de Bahía Blanca, ojalá me equivoque.











Nota en Diario La Palabra  - Viedma  - Gestiones de Pichetto para reembolsos por Puertos Patagónicos






martes, 26 de julio de 2016

Cuando el dragado no depende de uno… la cosa se complica

Poder pagar sus propios dragados es un privilegio que tienen muy pocos.

Como todo aquel que conozca algo de la realidad de los puertos y sus costos, se sabe que el dragado, cuando lo necesita inevitablemente porque el puerto no goza de profundidad natural, es el costo de inversión anual en infraestructura más grande de todos los que se incluyen en sus presupuestos. Y es el más grande, por lejos.

De modo que la mayor parte de los puertos del mundo, incluyendo la Argentina, que necesitan dragarse tienen que recurrir al auxilio de fondos públicos de los estados nacionales o provinciales.

En nuestro país, el puerto de Bahía Blanca es uno de los pocos, si no el único, que tiene la capacidad presupuestaria para pagarse sus propios dragados. Y no es poco, porque con sus casi 50 pies de calado, es el puerto más profundo de la Argentina de los que dependen de este tipo de obras sin solución de continuidad.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, uno de los cinco que tiene la provincia de Buenos Aires (no cuento el de Olivos porque es un puerto deportivo y no industrial-comercial), es lo contrario. Depende imperiosamente de la colaboración de la provincia para dragar su acceso ( a lo sumo a 31 pies) para poder operar con la salida de embarques que llegan a su puerto por tierra o bajan por el Paraná, para salir luego por el Río de la Plata.

El monto hoy necesario (unos 9 millones de pesos) no parece muy importante si se lo mira con la óptica de los grandes puertos, pero es enorme para que San Pedro pueda pagarlo con sus propios recursos. Y este Consorcio, como el de La Plata y de Mar del Plata, y a diferencia de Bahía Blanca y Quequén, tienen que tramitar sus compras e inversiones ante la provincia y los expedientes tienen que recorrer los llamados “organismos de la Constitución” para su aprobación y desembolso.

Esta es la necesidad de San Pedro y por eso se queja por la demora.






Notas Relacionadas:


domingo, 24 de julio de 2016

Esto es inaceptable

Cuánto hace que la lechería está en crisis?

Todos los consumidores sabemos que, en los supermercados o almacenes, el litro de leche vale entre $ 16 y $ 22 según la marca, el envase, la publicidad intrínseca, entera o descremada, etc. etc.

Los tamberos obtienen $ 1,50 por litro (¡!). Cómo se explica esta diferencia cuando las vacas y los tambos son aportados por los productores?  Está bien que falta el transporte, los costos industriales y demás, pero entre 11 y 16 veces el precio de origen?

Después no entendemos por qué, cuando protestan, tiran leche por las alcantarillas; del mismo modo que los productores de frutas tiran manzanas, peras y demás.

Se vive hablando de cuidar las economías regionales, pero los que producen son los “esclavos” del sistema mientras la “parte del león” se va para otro lado.


Hasta que se cansen, definitivamente.