Poder pagar sus propios dragados es un privilegio que tienen muy pocos.
Como todo aquel que conozca algo
de la realidad de los puertos y sus costos, se sabe que el dragado, cuando lo
necesita inevitablemente porque el puerto no goza de profundidad natural, es el
costo de inversión anual en infraestructura más grande de todos los que se incluyen
en sus presupuestos. Y es el más grande, por lejos.
De modo que la mayor parte de los
puertos del mundo, incluyendo la Argentina, que necesitan dragarse tienen que
recurrir al auxilio de fondos públicos de los estados nacionales o
provinciales.
En nuestro país, el puerto de
Bahía Blanca es uno de los pocos, si no el único, que tiene la capacidad
presupuestaria para pagarse sus propios dragados. Y no es poco, porque con sus
casi 50 pies de calado, es el puerto más profundo de la Argentina de los que
dependen de este tipo de obras sin solución de continuidad.
El Consorcio de Gestión del
Puerto de San Pedro, uno de los cinco que tiene la provincia de Buenos Aires
(no cuento el de Olivos porque es un puerto deportivo y no
industrial-comercial), es lo contrario. Depende imperiosamente de la
colaboración de la provincia para dragar su acceso ( a lo sumo a 31 pies) para
poder operar con la salida de embarques que llegan a su puerto por tierra o
bajan por el Paraná, para salir luego por el Río de la Plata.
El monto hoy necesario (unos 9 millones
de pesos) no parece muy importante si se lo mira con la óptica de los grandes
puertos, pero es enorme para que San Pedro pueda pagarlo con sus propios
recursos. Y este Consorcio, como el de La Plata y de Mar del Plata, y a
diferencia de Bahía Blanca y Quequén, tienen que tramitar sus compras e
inversiones ante la provincia y los expedientes tienen que recorrer los
llamados “organismos de la Constitución” para su aprobación y desembolso.
Esta es la necesidad de San Pedro
y por eso se queja por la demora.
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